Medio Ambiente. Derecho a discrepar en la minería

17 personas entre alcaldes, dirigentes de comunidades y miembros de ONG han sido acusados de terrorismo en el marco del conflicto existente alrededor del Proyecto Río Blanco antes Majaz en Huancabamba en Piura.
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El derecho a discrepar se ha puesto en cuestión. Estas acusaciones lo único que consiguen es desviar la atención del debate principal respecto a cuáles son las condiciones favorables para que se produzcan inversiones mineras.
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Las posibilidades de una solución dialogada al conflicto se alejan, la mesa de diálogo organizada para tal fin puede terminar deslegitimándose y la creación de mecanismos independientes creíbles y consensuados para evaluar la viabilidad de inversiones mineras en la zona queda, por el momento descartada si se insiste en esta innecesaria amenaza.
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El no respeto a los derechos humanos básicos perjudica directamente a quienes quieren demostrar que sus inversiones protegen el medio ambiente y promueven el desarrollo. A diferencia de años anteriores, hoy no vivimos condiciones políticas y sociales que permitían imponer violentamente una inversión si ésta no era aceptada por la población local. En este punto, es clave, saber distinguir orden de autoritarismo, y entender que la legalidad en el Perú siempre debe ir acompañada de la legitimidad.
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Las empresas modernas, aquellas que practican con convicción corporativa la responsabilidad social, no deberían permitir, con su silencio, que los otros sectores de la ciudadanía, terminen convenciéndose que respaldan prácticas antidemocráticas y que no creen en el diálogo y la consulta informada.
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Muchos empresarios se ilusionaron en el pasado, con gobiernos autoritarios en la fatal creencia que esto es lo que convenía a sociedades como la nuestra para crear un clima de estabilidad que permitiera las inversiones y por ende el desarrollo. Democracia y desarrollo deben ir siempre de la mano si deseamos procesos sostenidos y equitativos de crecimiento. Persistir en una dirección contraria solo permitirá que resurja el autoritarismo, no tanto el de derecha sino en especial el de izquierda.
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Una empresa moderna y socialmente responsable, debe ser una tenaz defensora de la democracia y no solo de la legalidad en cualquier país donde opere. La abstención no es rentable. Por ejemplo, en el caso de la iniciativa de transparencia en las industrias extractivas (EITI) en donde se propone que las empresas informen sobre sus ingresos y tributos, se formó para tal efecto un consejo en donde participaban representantes de las empresas y de la sociedad civil con el auspicio del Estado, lamentablemente ello ha quedado frustrado por la resistencia empresarial a brindar informes que ellos consideran confidenciales. Sin embargo, hay empresas que manifiestan no tener ningún problema con prestar este tipo de información, pero, sucede que con su silencio permiten que la ciudadanía extraiga inconvenientes generalizaciones.
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Esperamos que la cordura y el buen sentido se impongan y que las nubes negras de la antidemocracia y la violación del estado de derecho terminen disipándose.
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Autor: José Luis López Follegatti

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